Este jueves Citlali Hernández, legisladora por morena e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, presentó una iniciativa en el Senado con el fin de prohibir los Esfuerzos destinados a Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), también son conocidos como terapias de conversión sexual, las cuales se centran en “convertir” en heterosexuales a personas LGBT.
“A nosotros nos parece un tema urgente que hay que poner en debate en la opinión pública, no podemos normalizar que estas terapias de conversión sean legales porque son una tortura, una violación a las libertades y a los derechos de las personas”, explicó Citlali Hernández.
La iniciativa busca modificar el Código Penal Federal y la Ley General de Salud para castigar a las personas que financien, promuevan o practiquen cualquier tipo de terapias o practicas que tengan por objetivo modificar, menoscabar o anular la orientación sexual e identidad de género de las personas.
Las sanciones establecidas son de uno a tres años de prisión, ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad, y hasta doscientos días multa.
La iniciativa fue respaldada por Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista de México, por lo que se espera que al ser llevada al pleno sea aprobada por unanimidad.
Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano, dijo que este tipo de terapias debe ser consideradas una tortura, pues en muchas ocasiones se llevan a acbo con tratos crueles que denigran a la persona y ponen en riesgo su salud mental y emocional.
Por su parte, la senadora del Partido Verde, Alejandra Lagunes, dijo que la acción que está promoviendo es una “urgente y justa demanda”. Asimismo, resaltó que estos esfuerzo por modificar la orientación sexual y la identidad de género de las personas LGBTI no son una prática ética y que carecen de validación científica, puesto que la homosexualidad no es una enfermedad.
Hace apenas una semana fue presentada en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa similar por el diputado local Temístocles Villanueva. En ese caso la propuesta plantea reformar el artículo 2016 BIS del Código Penal de la Ciudad de México para castigar con una pena de uno a tres años de prisión o con una amonestación de hasta 300 días multa.
Fuente: Desastre
